El exponencial incremento de movimientos poblacionales a nivel intrarregional y el liderazgo de las mujeres en estos flujos migratorios han ido modificando significativamente los escenarios sociales actuales.  En los últimos 30 años, Chile en particular se ha vuelto un horizonte de instalación, que se ha acentuado a partir de los noventa (Tijoux, 2011) para diversos países latinoamericanos y de centro América (Perú, Argentina, Bolivia, Haití, Colombia y Ecuador). 

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Cabe señalar que en las actuaciones respecto de las migraciones trasnacionales una de las primeras respuestas que a nivel de Estados emerge, responde a la estructuración de leyes migratorias lo que pone el énfasis en la noción de “control social” fronterizo (Santamaría, 2002). No obstante, para las "sociedades de instalación" como la chilena, éste es un fenómeno que requiere de un análisis profundo y continuo para afianzar una gestión interna de la convivencia social entre sujetos cruzados por múltiples diferencias como son la nacionalidad, el género y la clase. Actualmente pese a algunos esfuerzos de plasmar las políticas públicas en actuaciones locales que consideren la inclusión de las personas inmigradas, siguen persistiendo discriminaciones sociales relacionadas con esos ejes de diferenciación y que se vinculan a determinadas formas de categorizar (enunciar) e intervenir (hacer) a las personas extranjeras. De ahí la importancia de auscultar los efectos psicosociales que se generan a partir de los sistemas y políticas por los que cruzan las personas inmigradas.

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